La solución tradicional, importada de los sistemas anglosajones, es la implantación en las organizaciones de Programas de Prevención de Riesgos Penales (Compliance and Ethics Programs). Su elaboración puede encargarse a despachos de abogados, que realizarán un análisis de los riesgos penales de la organización y prestarán su apoyo para la elaboración de protocolos, la puesta en marcha de un órgano responsable del cumplimiento (compliance officer), la creación de un canal de denuncias y el diseño de medidas disciplinarias. Pero este enfoque exclusivamente jurídico-penal de la prevención de riesgos debe ser complementado para cubrir aspectos específicos:

  • La imposibilidad de detectar prácticas alegales cuya reiteración puede derivar en riesgo penal.
  • El control de la cadena de responsabilidad en caso de subcontrataciones y delegaciones.
  • El incremento del riesgo penal de la alta dirección por conductas no autorizadas ni conocidas, pero cometidas por personas en las que confiaban.

Además, tras la reforma del Código Penal, para exonerar de la responsabilidad penal, no basta con que la empresa acredite que tiene un programa de prevención de riesgos penales. Se exige, además:

  • Que el órgano de administración de la organización haya adoptado y ejecutado, antes de la comisión del delito, modelos de gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos. Los controles deberán contar con sello de tiempo (timestamp), debiéndose custodiar la información en un repositorio seguro.
  • Que la supervisión del modelo implantado haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica que tenga poderes autónomos de iniciativa y control.
  • Que las personas físicas hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y prevención.
  • Que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano encargado de realizarlas.

La misma filosofía inspira la enumeración de supuestos en los que es posible aplicar alguna de las atenuantes previstas:

  • Admitir la infracción ante las autoridades antes de conocer contra quién se dirige el procedimiento judicial.
  • Colaborar en la investigación, aportando pruebas nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales derivadas de los hechos.
  • Proceder, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral, a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
  • Establecer, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos que en el futuro puedan cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

El Sistema Informatizado del Cumplimiento (SIC) ayuda a complementar los Programas de Prevención de Riesgos Penales con un sistema de supervisión, vigilancia y control.