La solución tradicional, importada de los sistemas anglosajones es la implantación en las empresas de Programas de Prevención de Riesgos Penales (Compliance and Ethics Programs).

La elaboración de dichos Programas de Prevención puede encargarse a despachos de abogados que realizarán un análisis de los riesgos penales de la empresa y prestarán su apoyo para la elaboración de protocolos, la puesta en marcha de un órgano responsable del cumplimiento (compliance officer), la creación de un canal de denuncias y el diseño de medidas disciplinarias.

Pero este enfoque exclusivamente jurídico-penal de la prevención de riesgos debe ser complementado para cubrir aspectos específicos:

  • La imposibilidad de detectar prácticas alegales cuya reiteración puede derivar en riesgo penal.
  • El control de la cadena de responsabilidad en caso de subcontrataciones y delegaciones.
  • El incremento del riesgo penal de la alta dirección por conductas no autorizadas ni conocidas, pero cometidas por personas en las que confiaban.

Además, tras la reforma del Código Penal (introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), para exonerar de la responsabilidad penal ya no basta con que la empresa acredite que tiene un programa de prevención de riesgos penales. Se exige además:

  • Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado, antes de la comisión del delito, modelos de gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos. Los controles deberán contar con timestamp o “sello de tiempo”, debiéndose custodiar la información en un repositorio seguro.
  • Que la supervisión del modelo de prevención implantado haya sido confiado a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control.
  • Que los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y prevención.
  • Que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano encargado de realizarlas.

La misma filosofía inspira la enumeración de supuestos en los que es posible aplicar un atenuante:

  • Admitir la infracción ante las autoridades antes de conocer contra quién se dirige el procedimiento judicial.
  • Colaborar en la investigación aportando pruebas nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales derivadas de los hechos.
  • Proceder, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
  • Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

El Sistema de Gestión Informatizada del Cumplimiento (SGIC) ayuda a complementar los Programas de Prevención de Riesgos Penales con un sistema de supervisión, vigilancia y control.